Santa Fe | El “Plan Abre” el camino a la delincuencia.

El Plan Abre surgió como una herramienta política gubernamental sin marco jurídico parlamentario que habilitó bajo la figura de programa social el uso indiscriminado de bienes públicos por parte del poder ejecutivo para mejorar el entorno de los barrios o zonas vulnerables sin masterplan de desarrollo o estudio previo ni posterior para evaluar su impacto real en el tejido social.

La aplicación de este plan en el territorio Santafesino empezó a hacer visibles en 2014 sus efectos negativos en la conformación multidimensional de los barrios intervenidos, cuando las cifras de asesinatos llegaron a niveles epidémicos multiplicándose en el resto del territorio el consumo de drogas y la construcción de bunkers, los lugares intervenidos mejoraron en cuento a infraestructura y equipamiento urbano pero la legalización de la delincuencia supuso un crecimiento de las tensiones sociales.

Uno de los puntos mas destructivos y que pasan desapercibidos al no haber un estudio en todos los campos previo o posterior, ni una ley aprobada por el cuerpo legislativo que avale estas intervenciones fue que lo que ofrece este programa del gobierno puede ser empleado por personas fuera de la ley para hacerse de recursos, bienes y servicios del estado con el fin de incrementar su poder territorial y patrimonial.

A primera vista, regularizar a una persona e integrarla a la sociedad suena como un hecho de justicia o de igualdad de derechos, pero cuando hilamos mas fino, estas personas que han tomado propiedad publica o privada mediante la fuerza en realidad están recibiendo un premio por esa conducta antisocial que se paga con recursos del estado, sin hacer seguimiento ni establecer reglas que eviten que estos “beneficiaros” se empoderen por sobre el resto de la comunidad incrementando su poder delictivo y otorgándole al mismo tiempo un poder para seguir salteándose estas reglas que nos permite vivir en paz.

La falta de legitimidad por parte del poder legislativo de este programa ha permitido que el destino de esos recursos termine de manera directa o indirecta en manos de la delincuencia organizada o consolide una organización criminal que no hubiese podido hacerse de capital en blanco por sobre el resto de la sociedad, dañando el tejido social al romper el contrato constitucional que nos mantiene en orden y paz que es el respeto de la ley y el castigo de quienes la infringen según nuestra constitución .

Para citar un ejemplo concreto, uno de los mas graves, es la regularización de planes de viviendas o tomas de tierras que fueron usurpados al entregarle a quienes cometieron un delito flagrante y comprobado contra un bien del estado o contra un privado, una propiedad que se le ha quitado a otra persona que legítimamente la merecía ya sea porque era beneficiario o propietario amparándonos siempre en nuestro derecho constitucional a la inviolabilidad de la propiedad privada, entiéndase como publica o privada.

Estas personas no solo se les permitió seguir ocupando la propiedad que robaron, sino que al mismo tiempo se los pone en un pedestal de poder por sobre el resto de la comunidad que les otorga inmunidad al estar vinculados con el estado e inhibiendo la denuncia y convirtiendo a esas personas en victimarios al romper los vínculos sociales y obligando a quienes si cumplieron con la ley a irse por lo difícil y complejo que resulta construir un sistema de relaciones en un entorno de desconfianza generalizada y corrupción.

El estado tiene herramientas para evitar que estas cosas sucedan, pero al levantar la vara de lo que es legal o ilegal no solo les dio poder a quienes se hacían con bienes públicos o privados citando la constitución para realizar una acción que la propia constitución lo prohíbe tajantemente, sino que para el resto también se levanto la vara y las consecuencias están a la vista en un estado desbordado de delincuencia, incipiente anarquismo y sin ningún poder de policía honesto que permita tener el tejido social en orden.

Uno de los instrumentos con los que cuenta el estado, está en la provisión de servicios públicos ya sea por ser dueño o contralor de estos servicios que solo se pueden prestar de manera legal y el estado esta obligado a buscar fraude o hurto de estos bienes ya sea porque se les otorgan beneficios o porque se permite que un abonado lo hurte o pague un consumo “0” en su boleta ya sea de energía o de agua sin investigar la posible existencia de delito penal que permitiría retirarle el boleto de compraventa que se le da al beneficiario sobre la propiedad publica o privada que el estado ha tomado a deuda propia.

A esto se suma una herramienta fundamental que es la paz y el orden mediante el uso de la fuerza publica cuyos datos y reportes de denuncias no son enviados a áreas encargadas de hacer seguimiento de los beneficiarios de los planes sociales a lo que hay que agregar la orden ejecutiva de no cumplir con la ley de convivencia y solo dar “recomendaciones” por parte de los agentes del orden que se apersonan ante una denuncia y que han asumido el papel de jueces, algo que la constitución prohíbe porque su labor esta regulada por la ley y no puede interpretarla a piacere, debido a que en lugar de proceder a labrar las actas que permitan a los jueces decidir si requieren o no una sanción o reparación, se convierte esa denuncia en una mera “advertencia” que no sale de los registros provinciales de la cartera de seguridad hacia el poder judicial que es quien constitucionalmente debe decidir la existencia o no del delito o la contravención y no es potestad de la fuerza publica hacerse pasar por juez.

Hay muchos síntomas y el ejecutivo actual y anteriores deben de ser llevados a la justicia por sus actos en contra del estado de derecho y contra la constitución porque la agresión a los móviles policiales significaban la perdida del territorio y el vacío de poder de un estado que por exceso de garantismo se olvidó que también es quien mantiene el orden.

Mantener el orden es parte principal del mandato constitucional al que un funcionario está sujeto, y en ningún caso el estado puede desconocer la ley, sobre todo porque está en el prologo de la constitución y no tiene nada que ver con un sistema represivo dictatorial porque de ser así significaría que la constitución ha dejado de estar vigente y eso no es posible de lograr sin la complicidad del resto de los 3 poderes en los que se divide el estado y el árbol de poder que establece la constitución federal.

El territorio se ha vuelto ingobernable porque el ejecutivo ha cortado lazos con los otros poderes y se atribuye poderes que no tiene, para caer en medidas populistas que van en contra del orden necesario para la convivencia entre seres humanos y que fueron parcialmente suprimidas para no “estigmatizar” al delincuente que las tilda de represivas cuando lo que se hace es cumplir un mandato constitucional de mantener el orden y la paz.

El ejecutivo negará las afirmaciones mantenidas en esta nota, porque seria reconocer un error que les puede costar un juicio por mal desempeño de funciones pero a los resultados me remito; desde 2014 se no ha dejado de crecer la delincuencia, se ha profundizado y extendido en los barrios intervenidos.

Dejo sujeto a cada uno de los lectores creer o no en estas palabras, pero si abrimos los ojos, veremos que hay una negligencia de quienes fueron elegidos para cuidarnos al tratar al victimario como victima desconociendo la estructura organizativa del estado y apoderándose de injerencias que son del poder legislativo y del poder judicial.

Desmantelar y restablecer la jerarquía de poderes nos llevará décadas, solo si se suspenden hasta tener el marco legal dictado por la legislatura y se remite a la justicia lo actuado.

FUENTE: Santa Fe Necesita Descansar